La Responsabilidad Social de las Empresas y el Diálogo Social

Con el concepto de Responsabilidad Social de las Empresas, RSE, se propone una idea de la empresa como una institución con unas responsabilidades que van mucho más allá de sus funciones estrictamente económicas y de creación de riqueza y de las obligaciones legítimas que tiene hacia sus propietarios y accionistas.

Sin embargo, el grado de novedad de esta propuesta es relativo, ya que en las sociedades democráticas y de manera particular en los países miembros de la Unión Europea en el marco de un modelo social avanzado -modelo social europeo-, además de la legislación fiscal a la que están sometidas las rentas y beneficios empresariales, la actividad económica no sería comprensible sin la función de las empresas de crear puestos de trabajo y desarrollar productos y servicios que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

Por otra parte, la actividad económica y las empresas están sometidas a un conjunto complejo de leyes y regulaciones de protección de los intereses generales y del bien común. Las leyes protegen los derechos que asisten a todos los grupos que están implicados o se ven afectados por las actividades y decisiones empresariales.

Es el caso de la regulación de los productos, las condiciones en las que deben ser distribuidos en el mercado y las relaciones con los consumidores, los contratos y las condiciones de trabajo, así como las relaciones de las empresas con sus trabajadores o las actividades que pueden resultar perjudiciales para el medio ambiente. Unos controles que tienen cierta homogeneidad en el conjunto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y que incluso en los países de cultura anglosajona, donde la legislación es más laxa, presentan también altos niveles de exigencia.

La apelación al sentido de la responsabilidad social de las empresas, realizado por los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea en la cumbre de Lisboa en marzo de 2000, debe entenderse en este contexto complejo de la legislación y las normas que regulan la actividad económica. En las conclusiones de la Presidencia de la cumbre de Lisboa se dice: “El Consejo Europeo hace un llamamiento especial al sentido de la responsabilidad social de las empresas con respecto a las prácticas idóneas en relación a la formación continua, la organización del trabajo, la igualdad de oportunidades, la integración social y el desarrollo sostenible”.

Un llamamiento que debe ser situado en el marco del movimiento a favor de la ampliación de las responsabilidades empresariales en relación al marco legal de obligaciones existente hasta estos momentos en las sociedades democráticas. Un movimiento formado por las organizaciones y grupos más dispares, como las  organizaciones internacionales multilaterales, instituciones y gobiernos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de consumidores, así como una abigarrada mezcla de iniciativas individuales y colectivas, protestas y movilizaciones, en torno a los efectos negativos de los procesos de globalización.

Para la Unión General de Trabajadores, UGT, resulta obvio que lo que se demanda en Lisboa al sector privado de la economía  es “una contribución más activa “ al esfuerzo de crecimiento y de progreso social de la Unión Europea. Un esfuerzo que, como por otra parte se ha recogido en los principales documentos sobre la RSE elaborados desde julio de 2001 por la Comisión, el Parlamento y el propio Consejo Europeo, debe traducirse en dos grandes líneas de políticas, más allá del cumplimiento escrupuloso por parte de las empresas europeas de sus obligaciones legales en todos los ámbitos: a) La necesidad (o exigencia) de que sean corregidos los efectos sociales más negativos de un modelo de crecimiento y de gestión empresarial que, especialmente durante los años noventa, ha favorecido el crecimiento de las externalidades ambientales negativas, el avance de los fenómenos de dualización económica y social, de profundización de las desigualdades y, finalmente, de la exclusión en el mismo corazón de la Europa más desarrollada, y b) La demanda a las empresas europeas para que adopten como guía de sus decisiones un principio de responsabilidad pública que permita a la Unión Europea avanzar en el desarrollo de un modelo de competitividad capaz de hacer frente a los nuevos retos de la competencia en un mundo más globalizado. Un modelo que debe ser congruente -responsable- con las ambiciones de calidad y progreso del modelo social europeo.

Es decir, un modelo que permita crear más empleos y de mayor calidad, que favorezca el desarrollo de un clima de mayor confianza y cooperación entre las empresas, los trabajadores y el conjunto de la sociedad.

El Tratado de Ámsterdam otorga a las organizaciones empresariales y a los sindicatos el derecho de negociación de acuerdos de ámbito europeo que adquieren un carácter equivalente al de las directivas  en el ámbito legislativo.

Así ha sido recogido también en el Tratado constitucional europeo que concede a los acuerdos entre los interlocutores sociales un papel central en las relaciones laborales y una influencia determinante en la política social, las estrategias de empleo y las políticas macroeconómicas,  por lo que no parece exagerado afirmar que los avances en el diálogo social son el eje más importante para el desarrollo de la RSE en el ámbito europeo y en los países miembros de la Unión. Un diálogo entre los interlocutores sociales que exige acuerdos en una pluralidad de ámbitos, tanto a nivel europeo como en los países miembros, los distintos sectores industriales y las empresas, para favorecer la participación y la corresponsabilidad de los trabajadores y los sindicatos en el desarrollo de modelos responsables de gestión.

Así lo entiende también el Parlamento Europeo, que en su resolución de mayo de 2003 sobre la RSE[1] afirma que en los informes sociales no sólo se debe dar cuenta sobre la forma en que la empresa asume sus responsabilidades hacia el conjunto de los individuos y grupos involucrados y/o afectados por sus actividades y decisiones, sino también sobre el cómo participan “los trabajadores, sus representantes, los consumidores y los inversores”, se dice en la resolución, “a la hora de dotar dichas medidas (de responsabilidad) con un contenido concreto y de controlarlas y aplicarlas”.

Este es también el sentido del acuerdo que hicieron público en marzo de 2005 las organizaciones empresariales y sindicales CEOE, CEPIME, UGT Y CCOO para trabajar juntos en el marco del diálogo social con el objetivo de hacer avanzar el sentido de responsabilidad social de las empresas.

Aunque existe un amplio consenso sobre el hecho de que  el diálogo, la negociación y los acuerdos (stakeholders dialogue) constituyen uno de los ejes más importantes en la construcción del concepto de Responsabilidad Social de las Empresas, RSE, y que, como ha recordado el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen de noviembre de 2005, los compromisos sociales voluntarios de las empresas y el diálogo con las distintas partes interesadas son elementos indisociables, lo cierto es que la mayor parte de las iniciativas que están adoptando las empresas en materia de responsabilidad son prácticamente desconocidas por los trabajadores, los consumidores y otros stakeholders esenciales para el desarrollo empresarial.

En este sentido debemos recordar que una de las conclusiones más reveladoras del estudio preliminar realizado en 2005 por el equipo de investigación del ObservatorioRSE es que las empresas han adoptado el nuevo discurso sobre la responsabilidad sin apenas cambios en las estrategias y políticas empresariales tradicionales. En general, en los informes de las empresas del selectivo Ibex 35 correspondientes al ejercicio 2004 abundan las referencias retóricas a la responsabilidad y al desarrollo sostenible, al mismo tiempo que la parquedad de los datos que se ofrecen al escrutinio de la opinión pública resulta llamativa.

En muchos casos,  las políticas y resultados de la gestión en los ámbitos de la responsabilidad que constituyen los ejes más importantes del debate europeo sobre la RSE están cubiertos por un espeso velo de opacidad y de ausencia de informaciones y datos concretos. Es el caso de las políticas de empleo, los programas de mejora de las condiciones de trabajo, las políticas de igualdad y diversidad o la consideración de las necesidades y expectativas de progreso de los trabajadores; políticas que, por otra parte, permitirían avanzar hacia un enfoque de las relaciones laborales basado en la confianza y en la implicación responsable de los trabajadores en el desarrollo de los objetivos empresariales; sin duda, una opción de mejora de la competitividad que es congruente con la ambición, compartida por la mayoría de los ciudadanos europeos, de fortalecimiento y modernización del modelo social.

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